Docentes del ciclo de Educación Infantil se dieron cita en Madrid, el sábado 23 de mayo, convocadas a nivel estatal. La manifestación fue un rotundo éxito, pues contó con la presencia de miles de personas que con un ambiente lúdico, ruidoso y muy reivindicativo recorrieron las arterias madrileñas entre Atocha, Antón Martín y Puerta del Sol. Desde La Petirroja nos aventuramos a cifrar la asistencia en alrededor de 15.000 personas, lo que demuestra con claridad la fuerza de este movimiento que mantiene el pulso con las administraciones autonómicas y con el gobierno central, para conseguir mejoras significativas que hagan realidad la “dignidad” de la etapa educativa del 0 – 3, a la par que dote a las trabajadoras de unas condiciones laborales parejas a la labor fundamental que desarrollan. La subida salarial y la bajada de ratios por aula, así como la “pareja educativa” se presentan como reivindicaciones básicas para avanzar en el proceso de dignificación de este ciclo educativo.
La gran marea amarilla fue desplegando su bulliciosa marcha reivindicativa por el centro de la capital, haciendo notar que las personas que han viajado hasta aquí venían con ganas de hacerse oír. El hartazgo de las profesionales de la educación infantil es mayúsculo, tras años de infravaloración de su trabajo, de precariedad y de escaso reconocimiento social. Asimismo, queremos resaltar que hablamos de un sector profesional donde más del 90 % de las profesionales son mujeres.
Reivindicaciones al Ministerio
El sindicato CGT y la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI) han presentado las siguientes reivindicaciones al Ministerio de Educación:
- Ser incluidas en la nueva Ley educativa donde se regulan las ratios y las horas lectivas de las diferentes etapas educativas.
- Exigimos unas ratios acordes a las necesidades de la primera infancia y que cómo mínimo sean las recomendaciones de la Unión Europea.
- Solicitamos una bajada de ratios de 3 bebés por educadora, 5 criaturas de 1-2 años por educadora, y 6 criaturas de 2-3 años por educadora. Para las aulas mixtas de 0-1/1-2 años los agrupamientos no podrán superar a 3 alumnos. Para las aulas mixtas de 1-2/2-3, o de las tres edades no podrán superar más de 5 criaturas.
- Regular en la nueva Ley educativa los apoyos para la atención a la diversidad tan importantes en los primeros años de vida. Solicitando unas ratios de 1 orientadora para 200 alumnos, 1 PT para 100 alumnos, 1 AL para 150 alumnos y una PSC para 300 alumnos.
- Solicitamos una continuidad en la etapa 3-6, donde se respete una atención individualizada por lo menos para el primer año (3-4 años), dotando de pareja educativa este curso.
- Calendario laboral igual que el resto de las etapas educativas. La primera infancia necesita descansar lo mismo, o más que las criaturas más mayores. La conciliación laboral no puede pasar por encima de las necesidades reales de los más pequeños.
- Horas no lectivas para todo el trabajo pedagógico y burocrático igual al de nuestras compañeras docentes de 3-6 años. Lo que corresponde a 5 horas semanales.
- Reconocimiento de la categoría profesional.
La visión de una trabajadora de educación infantil
Más de mes y medio de huelga de educadoras infantiles. La manifestación del día 23 de mayo pone sobre la mesa la situación de desatención de miles de personas de la clase trabajadora que, a día de hoy, siguen siendo consideradas en el imaginario colectivo como parte del sector de los cuidados y no como una etapa educativa. Eché en falta la presencia de las organizaciones de familias, las FAPAS, porque en el origen de todo este problema está precisamente esa concepción asistencial del primer ciclo de Educación Infantil. Esto supone un enorme perjuicio para un sector que requiere una alta formación para ofrecer una atención educativa de calidad en estos primeros años, y también para las propias familias.
Esto me hace retrotraerme a la lucha iniciada por la plataforma 0-6 y los movimientos de renovación pedagógica, que desde el principio han trabajado para que la etapa de 0 a 6 años fuera reconocida como una etapa educativa más. Cuando en los años 90 apareció la LOGSE, que incorporaba el derecho a la educación en la etapa infantil, la alegría invadió a todas aquellas personas implicadas en estos movimientos.
En ese momento nacía la etapa de Educación Infantil, dividida en dos ciclos: primero y segundo. Este hito hizo que muchas maestras y educadoras se pusieran manos a la obra para organizar y regular una realidad muy diversa, con múltiples tipologías de centros dependientes de distintas administraciones: unos reglados, otros no; casitas de niños, escuelas con diferentes denominaciones… Y, especialmente en el primer ciclo, trabajadoras con titulaciones muy diversas, derechos laborales desiguales y, en muchos casos, en situaciones de verdadera precariedad.
Aquel comienzo, que era apasionante porque por fin se integraba esta etapa en el sistema general de enseñanza, se truncó cuando el Estado, lejos de asumir plenamente su responsabilidad, no fijó un marco común sólido. Con la llegada de la LOE, las competencias quedaron en manos de las comunidades autónomas, que regularon el primer ciclo según su propio criterio, en muchos casos empeorando las condiciones: requisitos de centros más laxos, ratios diferentes y generalmente elevadas, lo que ha contribuido a una mayor precarización de las trabajadoras del sector, incluso con situaciones de clara discriminación respecto a otras etapas educativas.
En ese contexto comencé yo mi andadura en este ámbito. Gracias a una gran profesora de Educación Infantil, con la que he compartido momentos inolvidables, me involucré en la plataforma 0-6. Fue una etapa de lucha en la que muchas profesionales se organizaron y movilizaron por una Educación Infantil digna y en igualdad de condiciones con el resto de etapas. Se realizaban jornadas, formaciones, charlas, cursos de verano y movilizaciones con el objetivo de cambiar la visión social de esta etapa, una concepción que, desgraciadamente, aún persiste en muchos ámbitos: la idea de la “guardería”.
En 2020 entró en vigor la LOMLOE, que volvió a integrar la Educación Infantil en el sistema general de enseñanza e incluyó la definición estatal de mínimos comunes tanto en enseñanzas como en requisitos de centros. También se estableció que todos los centros que atienden a niños y niñas de estas edades debían cumplir estos requisitos para ser autorizados y depender exclusivamente de administraciones educativas.
A día de hoy, sin embargo, sigue sin existir una regulación estatal efectiva. Circulan numerosos decretos en las distintas comunidades que perpetúan el mismo problema: ratios inasumibles que impiden una atención individualizada y dificultan la creación de vínculos de apego seguros; una planificación deficiente de las necesidades en las aulas, muy desigual entre centros; falta de personal de apoyo suficiente, especialmente ante necesidades educativas; espacios inadecuados que evidencian dejadez institucional; y materiales y mobiliario insuficientes o anticuados, lo que obliga muchas veces a las educadoras a recurrir a sus propios recursos.
Además, las educadoras no somos consideradas docentes, sino personal laboral o administrativo, a pesar de asumir responsabilidades similares al resto de etapas (evaluaciones, programaciones, etc.), con grandes diferencias salariales según el tipo de centro: gestión directa, indirecta, municipal o en un CEIP. Estas diferencias pueden superar los 500 euros mensuales. En la Comunidad de Madrid, donde la mayoría de las escuelas son de gestión indirecta, esta brecha es especialmente evidente. Por ello, la reivindicación de la gestión directa es clave para el sector. En definitiva, estamos ante un claro maltrato institucional.
Hoy, tras seis semanas de huelga indefinida, y gracias a la perseverancia de las trabajadoras, empiezan a vislumbrarse algunos cambios importantes. Sin embargo, estos deben concretarse, porque no basta con la buena voluntad. Esta lucha viene de lejos y, en el fondo, responde a la misma problemática de hace décadas. Entre 1970 y 2020, España ha tenido ocho leyes educativas, lo que invita a reflexionar sobre la improvisación y la falta de continuidad en las políticas educativas. Es necesario un pacto estable y sólido que involucre a todos los actores y despolitice el sistema educativo. No sé si lo lograremos.
Mónica Diez y Alejandro Prieto
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Muy buen artículo. Y la experiencia de Mónica refleja con muchos detalles el devenir y el presente de esta etapa educativa, para la que queremos -sin duda y sin más esperas- un futuro mejor… Y no pararemos hasta lograrlo!!.