A propósito de los sucesos acaecidos en el hospital de Torrejón:
Recientemente hemos asistido a la revelación de unos audios en los que el CEO de Ribera Salud, del hospital de Torrejón, intentaba motivar a sus directivos para aumentar las listas de espera o seleccionar determinado tipo de procesos o de pacientes. Todo ello para aumentar los beneficios de la empresa. Las reacciones han sido de estupefacción y escándalo. Parece que ha sorprendido a muchos. A mí no.
Además, dudo mucho de la sinceridad de muchas de esas reacciones alarmadas. Y dudo de estos rasgamientos de vestiduras porque esto viene de muy antiguo. La ley 15/97 tiene 28 años, y esos son bastantes años. A través de ella se facultó la entrada de empresas privadas en el corazón de la sanidad pública, tanto en la gestión como en la provisión de servicios, con más o menos supervisión. Y fue aprobada por todo el arco parlamentario menos Izquierda Unida.
En los hospitales, el pionero fue el de Alzira (Valencia). El contrato de estos hospitales, del “modelo” PFI, la titularidad seguía siendo pública, pero los construía una empresa privada, a cambio de gestionarlo durante 30 años (creo recordar), a cambio de un pago capitativo por tarjeta asistida en una zona determinada, con derecho a generar beneficios para la empresa. Y con cláusulas contractuales de lucro cesante. Estas consisten en que se garantizan a la empresa concesionaria unas ganancias mínimas, que en caso de no cumplirse, son complementadas por la administración. Seguro que alguno se preguntará donde está el famoso riesgo empresarial en todo esto. Yo también me lo pregunto y no puedo contestármelo: ganancias aseguradas con dinero no solo ajeno, sino también público. Desde lo de Alzira, la CAM de Esperanza Aguirre, siguió por esta línea con 4 hospitales.
Mientras tanto, el hospital de Alzira quiebra, y se saca de nuevo la concesión a concurso y se adjudica… a los mismos adjudicatarios. Y… ¿quiénes son los adjudicatarios? Inicialmente los detentadores del ladrillo, constructoras, nada que ver con la sanidad. Con posterioridad fondos de capital riesgo y empresas, a menudo extranjeras, como Fresenius (propietaria de Quirón). Mientras tanto se promueve un segundo tipo de hospitales de la “colaboración público-privada” en los que la administración pone el dinero y la empresa todo lo demás, incluyendo el personal. En este caso está el hospital de Torrejón. Estos hospitales están autorizados a captar pacientes de cualquier sitio de la CAM y luego cobran por los servicios que prestan. O sea “el dinero sigue al paciente”.
No es el caso de los hospitales de gestión pública no privatizados, obligados a atender a pacientes de su zona o de cualquier otra, sin recibir ningún aumento de presupuesto por eso. Esto les pone en situación de no poder competir, porque, no solo han de atender a un número indeterminado de pacientes, sino que además prestan los servicios de mayor coste (trasplantes, cirugías cardíacas, quemados, etc) que los hospitales privatizados no quieren atender, precisamente para mantener sus cuentas de beneficios. A esto se alude en los famosos audios de Torrejón cuando se dice que hay pacientes o consultas “que no nos interesan”. Las que generan más coste, claro. La cutrería de la reutilización de materiales de un solo uso es una combinación de la picaresca, la falta de escrúpulos y la lógica del beneficio.
Y todo esto ocurre en un marco en el que los servicios públicos van viendo como año tras año los presupuestos van siendo cada vez más insuficientes, mientras que la consejería de sanidad de la CAM destina cada vez más dinero a las concesiones privadas. De este modo, por estrangulamiento, se va generando en la población la sensación de que la sanidad pública “no funciona” y se les impele a adquirir una póliza en alguna mutua privada. Y lo van consiguiendo, cada vez hay más gente con pólizas de mutuas tipo Adeslas, Sanitas, etc.
En atención primaria, se han recortado las plantillas, minorado las suplencias necesarias, disminuido drásticamente la atención de urgencia extrahospitalaria; todo lo cual ha generado esperas de tres semanas para ver al médico de cabecera. Esto desvirtúa completamente el modelo de atención primaria basado en la rapidez de la atención y la disponibilidad de los profesionales.
En resumidas cuentas, se ha introducido en el corazón del sistema sanitario a empresas con ánimo de lucro, que ya gestionan con escaso control casi todo. Y ganan mucho dinero… público, de nuestros impuestos. Y ahora se escandalizan quienes no han movido un dedo en contra de esto en años. Recuerdo haber estado hace muchos años, siendo consejero de sanidad Güemes en una manifestación organizada por CAS -Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad- a las puertas del hotel Ritz, donde se celebraba una reunión bajo el título de “la sanidad madrileña, una oportunidad de negocio”. Asistir a la charleta costaba una pasta. Ni en esa ni en muchas otras manifestaciones en defensa de la sanidad pública estaban los sindicatos mayoritarios, ni los partidos de izquierda. Nadie ha hecho nada desde 1997 hasta ahora. Llegaron a boicotear una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) promovida por CAS para derogar la ley 15/97. Y ahora parecen consternados.
Y cosas así o peores están pasando en otras autonomías. Sería largo contar lo que pasa en Andalucía, el caos de Cataluña, donde muchos centros de salud son gestionados por los mismos médicos, Galicia…
Y la opinión pública parece opinar que esto de la sanidad es “cosa de los médicos” o de los sanitarios, o sea, han gremializado el problema. Todo se reduce a un problema del personal sanitario. Hay escasa conciencia de lo que esto implica para todos, trabajadores, nuestros hijos y nietos.
Veremos en que queda todo el ruido generado en el hospital de Torrejón. Pero si no nos movemos como colectividad para defender lo nuestro, no podemos esperar mucho de estos que farisáicamente se acaban de caer del caballo.
Pascual O´Dogherty, médico de familia jubilado.
Fotos 1 y 3 de CAS.
Fotos 2 y 4 de La Petirroja.
