Desde La Petirroja hemos seguido el caso de las 6 sindicalistas de Asturias, encarceladas por el caso La Suiza. Actualmente, las compañeras y el compañero siguen en régimen penitenciario, en tercer grado, es decir, debiendo acudir a la prisión para pasar la noche. Tras la polémica sentencia en la que se las condenaba por hacer sindicalismo, el pasado julio entraron en la cárcel, y su caso desató un ola de solidaridad sin precedentes en las últimas décadas, logrando entre otras cosas la unidad de todo el sindicalismo asturiano exigiendo su indulto al gobierno. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que las sindicalistas obtendrían el indulto por parte del gobierno de PSOE-Sumar, pero esta medida de gracia, una vez agotados los recursos judiciales dentro del Estado español, no ha llegado a fecha de hoy.
El caso de las 6 de La Suiza evidencia la pérdida en la correlación de fuerzas entre Capital y Trabajo en las últimas décadas. El sindicalismo de clase y de base está en el punto de mira, da igual las siglas que lo defiendan en cada caso. Las compañeras asturianas en prisión y en la Huelga del Metal de Cádiz decenas de detenidos por oponerse a un convenio que perpetúa la precariedad laboral y la sumisión a la patronal, asegurando una paz social vergonzosa para los próximos años.
No nos cansaremos de señalar que las 6 sindicalistas de La Suiza, pertenecientes al sindicato CNT en la etapa del conflicto laboral, ejercieron su libertad sindical defendiendo los derechos de una mujer trabajadora que estando embarazada sufría abuso patronal. La acción sindical se desarrolló mediante una campaña de información a los vecinos y vecinas de Gijón, tanto con panfletos y carteles, como en redes sociales. También se efectuaron concentraciones pacíficas y comunicadas a delegación del Gobierno frente a la pastelería La Suiza. En ningún momento hubo disturbios ni incidente alguno. Sin embargo, la conexión de la familia empresaria, con el PP local y con la extrema derecha internacional, provocaron que un conflicto laboral común en cualquier provincia se convirtiera en un escarmiento para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras que se niegan a tragar con la precariedad y los abusos patronales del neoliberalismo rampante.
En junio de 2021, el Juzgado nº1 de lo Penal condenó a las compañeras a 3 años y medio de prisión, “por coacciones y por obstrucción a la Justicia”. Además de una indemnización de más de 125.000 euros para el empresario de La Suiza.
Meses después la Audiencia Provincial de Asturies ratificó la condena para 6 de los acusados y absolvió a dos. En junio de 2024 el Tribunal Supremo ratificó la condena, entendiendo que no se vulneraban los “derechos fundamentales” de los acusados. En noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo presentado por la defensa de las compañeras.
La respuesta a este atropello judicial ha sido constante y permanente en la calle, sobre todo en Asturias, y también en otros territorios del Estado como Madrid, Norte de castilla, Euskadi y Navarra o en ciudades y pueblos de Andalucía y Extremadura. Los movimientos sociales, más allá del sindicalismo, también se han hecho eco de este ataque a la libertad de expresión, a la libertad sindical y a la libertad de protesta pacífica en general.
La “guerra jurídica” o “lawfare” que parte de la judicatura viene realizando desde hace años contra todo lo que huele a disidencia social o a izquierda real ha jugado sus cartas y de momento gana la partida. Ahora bien, ¿qué hace el gobierno progresista de PSOE-Sumar ante el caso? La movilización popular consiguió que al poco de entrar en la cárcel se concediera el tercer grado, el régimen penitenciario abierto, para las compañeras. Pero el indulto prometido no ha llegado. ¿Por qué? ¿Acaso el gobierno comparte la vergonzosa sentencia porque le permite mantener maniatado a un incipiente movimiento obrero que se oponga a los años de recortes sociales y carestía de la vida que se nos vienen encima?
La ministra de Trabajo y Economía Social y Vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, afirmaba en julio de 2025, que “el sindicalismo es un derecho, no un delito” y que “nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales”. “Trabajamos dentro del Gobierno para que el indulto llegue cuanto antes”, aseguraba en la red social Bluesky el 10 de julio de 2025. Se acaba el año y estamos con las compañeras en prisión.
Como miles de trabajadoras y trabajadores en este país, nos seguimos indignando ante la “guerra jurídica” de esa parte heredera del franquismo y ante la palabrería sin compromiso de parte de la izquierda institucional. Queremos a nuestras compañeras en sus casas y exigimos se respete nuestra libertad sindical en todo el Estado. Aunque somos conscientes que la libertad de nuestras compañeras y el respeto a nuestros derechos solo puede venir de la organización y la acción sindical y social de nuestra clase, como a lo largo de la Historia se ha demostrado.
¡Libertad 6 de La Suiza!
¡Hacer sindicalismo no es delito!
Alejandro Prieto
