A la segunda ha sido la vencida. El Congreso de los diputados ha aprobado el jueves 26 de febrero la revalorización de las pensiones, con el voto en contra de VOX. La unión de las derechas española y catalana, PP y Junts, junto a la extrema derecha de VOX, sin embargo ha logrado impedir la aprobación del denominado “escudo social”, un paquete de medidas de ayudas sociales básicas.
Las pensiones contributivas de los trabajadores y trabajadoras ya jubilados, subirán en 2026 un 2,7 %, mientras que las no contributivas lo harán un 11,3 %. Los movimientos de pensionistas reclaman “la revalorización automática de las pensiones según el incremento real del coste de la vida”, “la subida sustancial de las pensiones mínimas” que consideran miserables, así como “la aprobación de las medidas recogidas en el escudo social que protegen a las personas más vulnerables”.
A juicio de los movimientos sociales de pensionistas, como COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones), “es injustificable que cuando las grandes empresas financieras baten, año tras año, récords de beneficios y los ricos pagan menos impuestos que las personas trabajadoras, esos partidos políticos (PP, Junts, UPN y VOX) deroguen medidas que protegen a las personas más vulnerables”.
El “Escudo Social Básico” recoge medidas como la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para personas en hogares vulnerables; impedir el corte de suministros básicos en hogares vulnerables, como agua, luz y gas; o la revalorización del Ingreso Mínimo Vital. Esta negativa de los partidos de derecha y extrema derecha a la aprobación del escudo social, supone un ataque a miles de hogares pensionistas y de trabajadores y trabajadoras precarios.
Viene bien hacer memoria en este punto y señalar qué fue del “rescate al sistema bancario” en España, tras la crisis de 2008. Se estima que desde 2009 se inyectaron más de 66.000 millones de euros de dinero público, de los impuestos aportados por los ciudadanos y ciudadanas de la UE y del estado español, claro está. De todo ese dinero que el Congreso y el Gobierno dieron a los bancos en España, se estima que más de 43.000 millones no se habrían recuperado, lo que supone más del 73 % de las “ayudas”. (1)
Queremos destacar, asimismo, que las pensiones públicas son todavía respetadas en este país, gracias a la encomiable lucha social de miles de trabajadores y trabajadoras jubilados, que a lo largo y ancho del estado mantienen el pulso con el gobierno de turno, ya sea del color que sea. En este contexto, el pasado fin de semana, más de 1.500 personas se manifestaron en Madrid a favor de la revalorización de las pensiones, de una vivienda digna y del mencionado escudo social.
Los movimientos de pensionistas exigen, gobierne quien gobierne, “garantizar a todas las personas unas condiciones de vida dignas, la necesidad de una reforma fiscal obteniendo mayores recursos que garanticen los servicios públicos, así como cumplir la ley realizando la auditoría pública de la Seguridad Social, para recuperar recursos que cierren la brecha salarial y de pensiones. Todas las personas tienen derecho a un trabajo digno y suficientemente remunerado, unas pensiones dignas y suficientes, servicios públicos universales de calidad y prestaciones sociales necesarias”.
Alejandro Prieto y Manuel Expósito
Fotografías de M.E.
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Nota 1: Fuente Wikipedia “Rescate bancario español”.
