
Jornadas históricas de lucha social por el derecho a la vivienda y más allá, por unas condiciones de vida dignas para la clase trabajadora. El desahucio de Mari Carmen, una anciana de 87 años, a manos de la policía nacional, para defender los intereses del “fondo buitre” Urbagestión Desarrollo e Inversión, SL. se ha convertido en la chispa que ha encendido las calles. Mari Carmen llevaba viviendo en su casa más de siete décadas, pero su hogar fue comprado por el fondo buitre de Ricardo y Fernando Alonso, que subió su alquiler de renta antigua a 2.650 euros, una subida de un 275 %. ¿Qué trabajadora, qué pensionista, puede pagar un alquiler de dicha suma? Eso es, definido en la práctica, el proceso de gentrificación de los barrios obreros, expulsando a los habitantes de toda la vida para sustituirlos por turistas o individuos de alto poder adquisitivo.
Mari Carmen contó con la asesoría y la defensa de las militantes sociales del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. La respuesta ya la conocéis: desobediencia civil pacífica de cientos de personas frente a la policía para intentar frenar el desahucio; multitudinaria manifestación con cientos de miles de personas en la calle el 26 de septiembre y acampada en la Puerta del Sol, exigiendo la convocatoria de Huelga General para acabar con un modelo de vivienda que beneficia a los rentistas frente a la clase trabajadora.

El movimiento popular promovido por el Sindicato de Inquilinas y otras asambleas de colectivos sociales defiende: Bajar los alquileres al 50 %, expropiación de viviendas a fondos buitre y contratos indefinidos, entre otras medidas.
Recordemos que la expropiación implica la compra por parte del Estado de viviendas a los fondos de inversión, banca y grandes propietarios, a un precio razonable, para devolverlos al mercado como vivienda social. No es, como algunos tertulianos y “todólogos” de la televisión aseguran, un robo de la sacrosanta propiedad privada de los pequeños propietarios. El problema de la vivienda no lo provoca la familia que hereda el piso del abuelo fallecido y lo pone en alquiler, el problema de la vivienda lo provocan especuladores como los Alonso, que acaparan bloques de viviendas, un bien de primera necesidad, y lo convierten en una mercancía de lujo. Aunque no nos engañemos, las leyes a día de hoy están amparando los intereses de la plutocracia rentista, simbolizada en este caso en Fernando y Ricardo Alonso. Estos buitres hacen las cosas de manera legal y eso en sí mismo es el problema. Tenemos leyes que benefician los intereses de un 5 % de la población frente al 95 % restante. Por ponerlo en números gruesos.

Viviendo en España desde que uno ha nacido y habiendo estudiado su Historia y leído no pocos libros de la Edad Media y Moderna, no podemos dejar de pensar que los rentistas de hoy en día, esos individuos que no viven de su trabajo, sino de las rentas de su capital inmobiliario, se parecen bastante a la nobleza medieval que se enorgullecía de vivir sin trabajar y menospreciaba a las clases populares, campesinos y artesanos, por tener que mancharse las manos y sudar para poder vivir.
El caso de Mari Carmen en particular, se ha resuelto con la victoria parcial del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que ha conseguido recuperar el hogar para la anciana, tras las movilizaciones en la calle y una negociación con los propietarios de Urbagestión. La lucha social desde la base vuelve a dar sus frutos, pese a la feroz oposición del ala represiva del Estado y la mayoría de los medios de comunicación de masas. Más allá también de la tibieza de la izquierda progresista que lleva en el poder 5 años y 11 meses y que no ha parado los desahucios, pese a toda su retórica, ni ha derogado la Ley Mordaza que es utilizada contra los movimientos sociales de base.

Más allá de Mari Carmen, la lucha por la vivienda digna ha llegado al Congreso de los Diputados. El PSOE y su socio Sumar se han visto obligados, por el clamor en las calles, a presentar dos Decretos sobre vivienda que recogían en parte, las reivindicaciones populares. Finalmente, los dos decretos han sido rechazados por la mayoría del Congreso, con los votos en contra de PP, VOX, UPN y Junts. De nuevo el nacionalismo español y catalán se vuelven a unir sin pudor alguno contra los intereses de la clase trabajadora. De nuevo, la izquierda institucional progresista resulta insuficiente para asegurar unas condiciones de vida dignas para cada vez más sectores de la clase trabajadora precarizada.
Mientras la plutocracia rentista sigue gobernando, de una u otra manera, en las instituciones del Estado, en las plazas y calles de Madrid y otras ciudades como Bilbao, Sevilla, Valencia, Barcelona, Málaga… se tejen los mimbres de un movimiento de democracia popular y sindical radical, por aquello de ir a la raíz de los problemas.

En la Puerta del Sol de Madrid, bajo el luminoso de Tío Pepe, frente a la sede de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que Dios la guarde, una gran pancarta delimita uno de los bordes de la acampada por la vivienda:
“La juventud trabajadora contra el negocio de la vivienda”.
Callejeando por las intrincadas sendas entre las tiendas de campaña, encontramos otro cartel en cartón más modesto:
“Nos habéis robado incluso el miedo”.
Alejandro Prieto

Página del Sindicato de Inquilinas:

